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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Según encuesta publicada por “El Universal” el lunes anterior, ocho de cada diez mexicanos pueden mencionar algo bueno y tangible del presidente López Obrador. Su porcentaje de aprobación general alcanza el 64%, y el 80% de los encuestados identifica una acción positiva mientras solo 52% puede recordar una acción negativa.

A pesar del discurso beligerante y hasta ofensivo del presidente, en constante enfrentamiento con el poder judicial, los partidos políticos, los intelectuales, académicos y clases medias, siete de cada diez ciudadanos no se sienten agraviados.

Esos son números excelentes para un gobernante en el cuarto año de su gestión, mismos que son de su conocimiento y seguramente son los que le llevaron a convocar a la marcha multitudinaria del 27 de noviembre que, independientemente del uso de recursos públicos, mostró la capacidad que han adquirido las estructuras partidarias y las construidas en torno a los programas sociales, para la movilización.

Es sabido que las preferencias no se transfieren en automático a personas o partidos, sin embargo, además de estos números personales, las preferencias ciudadanas hacia el partido en el gobierno son también muy favorables con un 40% de intención de voto, muy lejos de otros partidos como el PRI que tiene un lejano 16 y el PAN que ha caído a un 14% de apoyo ciudadano.

En cuanto a los posibles candidatos a competir en el 2024, los punteros de Morena, Sheinbaum y Ebrard, están también al frente de la intención de voto con una ventaja entre 21 y 31 puntos porcentuales contra cualquiera de sus posibles contrincantes.

Con estas cifras y estimaciones, resulta inexplicable que el presidente insista en reformar el sistema electoral mexicano pues su propuesta va más allá de solo transformar y desaparecer con ello al actual Instituto Nacional Electoral. Como es inexplicable también que habiendo luchado tanto desde la oposición para eliminar la participación gubernamental en los procesos electorales, ahora se proponga su inclusión. Mucho se ha debatido sobre las particularidades de esta reforma propuesta. Algunos argumentos, destinados a lograr el apoyo popular hablan de abaratar los costos, reducir estructuras, incluyendo los organismos estatales, y reducir el financiamiento a los partidos. Otros, hablan de una pretendida democratización de los nombramientos de consejeros y magistrados electorales mediante votación popular; pero sin profundizar en lo positivo o negativo que pueda tener surge la pregunta: ¿qué necesidad de componer lo que no está descompuesto?

Es evidente la intención de retener el poder para el movimiento, pero ¿realmente es necesario apropiarse del sistema electoral? ¿Transformarlo en beneficio de asegurar un triunfo que todo indica que obtendrán? En el fondo subyace una desconfianza arraigada en la psique del gobernante, y una vocación terca por el ejercicio del poder. No era necesaria la demostración de fuerza que arropó su cuarto informe, a no ser que no crea en lo que todas las encuestas señalan, como tampoco es necesario reformar un organismo que tiene la confianza de la población, incluso con mayor aprobación a la presidencial.

Trasciende que busque por todas las vías garantizar la continuidad de su ejercicio que ha denominado transformador, pero no es necesario transitar de demócrata a dictador para hacerlo, si creemos lo que la opinión pública está expresando.

Lo que se trasluce detrás de esta intención reformadora es que todavía existe un alto grado de desconfianza y una sospecha de que los errores cometidos y las omisiones criminales de su sexenio le cobren una factura al final y por ello, apropiarse o condicionar la actuación de los organismos electorales es una válvula de seguridad y una garantía para la ya presentida y evidenciada elección de estado que se pretende realizar.

En la sociedad deben prenderse las señales de alerta, porque independientemente de que la reforma electoral se logre, en cualquiera de sus alcances, constitucional o a nivel leyes, se percibe la intención de lograr la continuidad a como dé lugar y el actual entramado jurídico e institucional no les permite actuar con la impunidad que requieren para posicionar a sus candidatos.

Aun manteniendo el estado que guardan leyes e instituciones la sociedad también debiera tener desconfianza acerca del comportamiento de un poder ejecutivo que ha demostrado que la ley o se acomoda a sus intenciones o se desobedece y se busca sacarle vueltas. La narrativa presidencial con sus ataques continuos a las autoridades electorales, predispone a la opinión pública y demerita la legitimidad y la fuerza de las acciones del INE y Tribunales electorales lo que traerá sin duda, una mayor incertidumbre e incredulidad en los resultados, incluso los triunfos propios que parecen prefigurar los pronósticos.

El clima que se está creando nos lleva a un escenario en el que el único resultado válido será el que favorezca al gobierno y si la autoridad quisiera hacer valer la legalidad y un posible triunfo opositor, le sería opuesta una movilización y agitación social.

No debe extrañar en un gobernante que tiene antecedentes de haber competido desde la ilegalidad al ser candidato al gobierno del DF sin tener residencia, al serle evitado el desafuero por desobediencia de un mandato judicial, o al proclamarse como presidente legítimo. Lo cierto es que la desconfianza se está imponiendo, en la sociedad por la amenaza de una elección de estado o el arrebato social, y en el gobierno porque desconfía de sus propios números.

MC Jalisco: Institucionalización inconclusa

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A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Al día de hoy, si algún joven me pidiera mi opinión sobre estudiar derecho para construir una carrera profesional como abogado litigante, probablemente mi consejo para ese joven en este momento sería, tal y como dice el meme: no lo haga, compa.

Según los datos del Observatorio Laboral, en México hay aproximadamente 363 mil 96 alumnos matriculados en la licenciatura de derecho, y aproximadamente 800 mil 160 profesionistas ejerciendo dicha carrera, cifra que puede ser catalogada como «extraoficial» ya que ésta solo considera a aquellos abogados que están inscritos a algún Colegio y/o Barra, pero fuera de estas agrupaciones, hay un sinfín de abogados litigantes y despachos que no son censados, por lo que la cifra real puede ser significativamente más elevada.

De igual forma, los datos reflejan la abogacía es la 24 carrera mejor pagada del país, pero el grueso de los abogados percibe un sueldo promedio mensual de aproximadamente 11 mil 755 pesos, mientras que el 48% de las personas que estudiaron derecho tienen un trabajo acorde con sus estudios.

No obstante, mi postura de no recomendar a los jóvenes ingresar a las aulas de cualquier facultad de derecho no obedece propiamente a estas cifras, ni mucho menos a que ya haya muchos abogados en el mundo profesional, al contrario, creo que una sociedad como la nuestra que está en constante desarrollo y crecimiento nunca tendrá suficientes abogados para atender en su totalidad todos los problemas, controversias y conflictos que derivan de la interacción social.

Realmente la verdadera razón por la que hoy yo no le recomendaría a ningún joven estudiar esta carrera obedece a una serie de factores con un trasfondo un poco más complejo que los salarios y la cantidad de profesionales del derecho que transitan por tribunales o dependencias gubernamentales, y es que aunque no lo parezca, actualmente el gremio, al menos en nuestro estado, atraviesa una crisis que considero debemos de solucionar de fondo, antes de invitar a más personas a aventurarse en una licenciatura.

En primer lugar, debemos de tener presente que el primer problema al que nos enfrentamos como gremio es que el papel y la importancia del abogado en la sociedad ha sido subestimado y relegado, a tal grado que un importante sector de la población no está dispuesta a invertir en su seguridad y certeza jurídica por un par de razones que son igual preocupantes: por un lado el número de personas indispuestas a invertir en servicios legales es proporcional al número de personas que en el pasado han atravesado situaciones desagradables con abogados carentes de profesionalidad, y por el otro lado, se ha comenzado a consolidar a nuestro alrededor una sutil cultura que hace creer a las personas que no necesitan invertir en arreglar problemas que desde su óptica pueden solucionar por su cuenta o por una módica cantidad.

Un claro ejemplo de esto lo viví la semana pasada conversé con una señora que me comentó que a ella le estaban cobrando $10,000 por un amparo, cantidad que a ella le pareció excesiva ya que un conocido suyo le dijo que ese ‘’papel’’ lo podían conseguir por tan solo $100, como si hacer un amparo fuera fácil, cuando realmente no lo es.

Es casi imperceptible, pero situaciones de esta naturaleza se reproducen cotidianamente, y además, dinamitan las bases de una profesión cuyo valor social no se puede equiparar puesto que es de donde nace el proceso de reparación del tejido social, pero cuya reputación dentro del grueso poblacional está casi tan lastimada como la del político tradicional, razón por la cual es momento de replantearnos seriamente nuestra profesión, de tal manera que podamos sentar las bases para un futuro en el que los abogados puedan vuelvan a ser verdaderos factores de cambio social.

Y muy probablemente el primer paso para alcanzar este objetivo lo podremos encontrar en la iniciativa presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero con la que plantea cambios en materia de colegiación y certificación de profesionistas, iniciativa que guardando sus proporciones, podría encender un acalorado debate como lo hizo la reforma educativa de Enrique Peña Nieto que tocó fibras sensibles.

En su iniciativa, la senadora plantea que la colegiación, como la certificación periódica de determinadas profesiones son los medios aceptados internacionalmente para evitar que se ataquen derechos de terceros ni se ofendan derechos de la sociedad, por lo que la colegiación obligatoria para los abogados se puede traducir en un mecanismo de control en el ejercicio de la profesión en virtud del cual se deberá replantear también el papel de los Colegios o Asociaciones en donde la afiliación es voluntaria y por lo tanto no solo no cuentan con estándares mínimos de calidad, sino que tampoco cuentan con códigos de conducta profesional o mecanismos de sanción por mala práctica, ya que solamente son vistos como hubs de networking.

Seamos puntuales y muy claros: sí, hay abogados corruptos, que abusan de los clientes, que juegan con su estabilidad y sus derechos laborales, que juegan con el patrimonio de las personas, y aún peor, que juegan con la libertad de aquellas personas que se juegan más de lo que tienen, y por supuesto, también hay abogados que sin ser corruptos, pero que por falta de pericia o capacidad, exponen a sus clientes a peores situaciones, y esta realidad, es innegable porque todos y cada uno de nosotros, la conocemos, y al menos yo realmente no necesito más razones para convencerme de que debemos hacer cambios.

En más de una ocasión lo he dicho en este espacio: no hay nada en nuestra sociedad que sea perfecto, todo es susceptible de mejorar y de ser perfeccionado, y nuestra profesión no es la excepción, de hecho, los problemas que rodean al gremio legal nos gritan que uno de los problemas más grandes que nos rodean, es la falta de colegiación y de controles de calidad efectivos respecto a la prestación de un servicio profesional tan importante como el que ofrecen los abogados, pero que actualmente no cuenta con los índices de popularidad más alto en la industria profesional.

Y sí, probablemente replantear las bases de nuestra profesión partiendo de las condiciones bajo las cuales tanto nosotros como nuestros colegas estarán facultados para ofrecer y prestar sus servicios puede que se torne en un debate bastante incómodo y polémico que seguramente calentará los ánimos de algunos, pero son justamente los debates incómodos y polémicos, las primeras señales de que se está dando en el clavo, y mientras haya debate, habrá voluntad de cambio y apertura para reconocer todo aquello en lo que hemos fallado, y en lo que le hemos fallado a la sociedad.

Campos de Poder, por Benjamín Mora Gómez //

Manuel Castells es, por mucho, uno de mis autores españoles favoritos. En su libro “Ruptura. La Crisis de la democracia liberal” nos habla de la grave y evidente confusión democrática en que vivimos por la pérdida de valores y principios, de ética y moral; por ello nos hundimos en un mar de encono y odios como personas en sociedad.

Castells nos habla de la necesaria creatividad política y social que a todos nos convoque y beneficie. Para Castells, la política está desligitimada y las instituciones cuestionadas, anquilosadas, distanciadas y deshumanizadas, por lo que deben reabrirse a un debate amplio e inclusivo hacia un mejor futuro.

Para Manuel Castells el origen es simple y obvio: La clase política monopoliza el poder institucional y, a través de triquiñuelas, busca perpetuarse. Éste es el origen de la iniciativa electoral, ya agonizante, de Andrés Manuel López Obrador, y es también el motivo de la oposición para negarse a apoyarla.

En Estados Unidos, en Donald Trump la política adquiere un tono muy personalista; en México, con López Obrador sucede lo mismo. Son tan iguales que parecen casi gemelos. Ellos y nadie más tiene la razón en todo; para ellos nadie tiene derecho a opinar en forma contraria a sus verdades y datos. Por ello, para la democracia en México, la iniciativa de AMLO resulta tan peligrosa y abyecta. Trump y AMLO son harina de un mismo costal, dramáticos al hablar y sensacionalistas al actuar, egocéntricos en su uso del poder e innamovibles en sus torpezas.

He observado que, a lo largo de la historia de los pueblos, cuando un iluminado llega al poder y busca perpetuarse, sus allegados se engolosinan y la corrupción se vuelve descarada. Renuncian a su dignidad a cambio de dinero, favores y poderes menores.

Trump, López y muchos más, todos políticos, no aceptan una verdad: Los ciudadanos desconfían de los políticos y sobretodo de los más encumbrados. En toda elección, el ciudadano no vota por el político más confiable sino por aquel que supone lo desepcionará menos. Su legitimidad es siempre endeble.

El 13 de noviembre pasado, nació, desde la sociedad civil, un movimiento a favor de la democracia. La capacidad de permanencia de este movimiento estará en razón de su madurez para construir una nueva narrativa política -ciudadanizada- sobre ese otro México que pueda convocar a gente de todos los ámbitos de la vida nacional, incluso de esa clase media renuente de actuar en lo político y lo público. Sin embargo, para no pervertirse, no deberá pretender ocupar puestos políticos; lo grave es que esto no todos lo entienden y ya hay quienes se apuntan a un cargo de elección popular en su candidez política.

El problema de la iniciativa de López Obrador es creer que todo se reduce a procedimientos y a costos, cuando, aquí, el fondo es más importante que la forma. Necesitamos un sistema que permita resolver diferencias en circunstancias siempre cambiantes y no en cambiar un sistema tras cada elección mal resuelta. Lo más caro de nuestro modelo democrático será caer en el absolutismo morenista encabezado por AMLO.

El Tata Lázaro dijo no al caudillismo de Elías Calles; hoy, una inmensa mayoría decimos no al caudillismo lopezobradorista. Cárdenas mandó a Calles al destierro. Nosotros mandaremos a López a un destino más claro y sin regreso, allá por el sureste mexicano o más allá de nuestras fronteras, quizá a Cuba, Nicaragua, Venezuela o Corea del Norte.

El peligro de la iniciativa de AMLO es que nace ante la impotencia de triunfo que desde ya advierte en 2024. Su pretendido monopolio no le será permitido. Su mandato presidencial terminará en 2024; luego le llegará el otro mandato ciudadano: Dejar la presidencia y, según el quiera, irse a su rancho La Chingada o a otra chingada como destierro en el desamor político.

Hoy, desde la oposición, el viejo binario de las izquierdad y las derechas viven un compás de espera hasta que Morena, la Cuarta Transformación y el liderazgo de AMLO hayan terminado. La resistencia civil opositora podría crecer y radicalizarse si AMLO no entra en razón pronto.

La obligación política ciudadana ya no se satisface que la sola emisión de su voto el domingo de elecciones. Ahora, nos obliga a sentar las bases sociales y comunitarias de una democracia participativa renovada, fortalecida en las redes sociales.

Debemos evolucionar a la democracia representativa pues en ella, con todas su antiguas bondades, permite que unos poco hablen por la mayoría y tomen decisiones que solo interesan a sus partidos y coaliciones, y no necesariamente a los ciudadanos. Nuestros diputados no pueden seguir tomando decisiones sin consultar en los grandes cambios estructurales de México.

Una cosa debe quedar en claro, la resistencia opositora debe incluir, aunque hoy estén con López Obrador, a los que viven en la precaridad, el olvido, el destierro, la inseguridad, la ignorancia, la enfermedad, el ostracismo, pues de otra suerte, el cambio será indigno y endeble.

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Dos concentraciones de mexicanos, nos presentaron el espectro nacional en cuanto a la política. Una marcha, se llevó a cabo el 13 de noviembre pasado, y la segunda, el domingo 27 del mismo mes. Su denominación respectiva, fue: en “Defensa del INE”, la primera en dode participaron las oposiciones al gobierno de la Cuatro T, y más específicamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador; la segunda, se intituló por el propio mandatario, como “festejo por la Transformación de México” en su cuarto aniversario.

Como escribimos hace días: “En la marcha del domingo 13 de noviembre, se unieron, al menos para protestar, todas las oposiciones, llámese panistas, priístas, perredistas residuales, oligarcas, reaccionarios, derechistas y hasta despistados. El objetivo -real- fue protestar contra AMLO y el cambio que simboliza; la excusa, defender al INE oneroso, surgido bajo el sistema de cuotas y cuates.”

Los convocantes, de un lado fueron empresarios que militan en organismos -ONG’S- y dirigentes de partidos políticos adversarios a Morena y sus aliados, defensores del primer magistrado federal. Por la otra parte, lo fue el mismísimo jefe del ejecutivo nacional y desde luego, sus apoyantes, ya organismos civiles ya partidos políticos de la alianza “Todos Hacemos Historia” (Morena, PT y PVEM).

Los impugnadores del régimen, no solo desfilaron en la ciudad capital del país, del Ángel de la Independencia al monumento a la Revolución, sino que también lo hicieron en 60 poblaciones de la República, sumando en la urbe azteca como doscientos mil marchistas que sumados a los que desfilaron en otros lugares, quizás alcanzaron la cantidad de 600 a 800 mil personas, entre adultos y menores de edad. Por lo que ve a los que respaldan a la Cuatro T y a su guía, que es AMLO, concentrados solo en la sede del gobierno federal, se calcula que fueron un millón doscientos mil individuos. Ellos marcharon desde el Ángel ya mencionado, hasta el zócalo capitalino.

En cuanto a los líderes que encabezaron los desplazamientos, quienes dijeron que defendían al INE, fueron muy variados (desde Claudio X. González, hasta Alejandro “Alito” Moreno, pasando por cabecillas de ONG’S, aspirantes presidenciales y funcionarios de elección popular de oposición, los cuales tuvieron como punto final un espacio en la plaza de la Revolución, donde haría uso de la palabra su vocero. Por lo que ve a los partidarios del obradorismo, el centro de atención fue su fundador (AMLO), quien, compartiendo apretujadamente con el pueblo, duró cinco horas y media caminando para recorrer el trayecto, que culminó en un templete ubicado en la plaza de la Constitución (zócalo).

Los oradores de cada movimiento multitudinario, fueron, por los antilópezobradoristas, José Woldenberg, calificado como el ”santón” del INE, por haber sido el primer presidente de dicho organismo y además, ser el mentor entre otros, de los inefables consejeros actuales, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. En cuanto al obradorismo, su heraldo fue el primer mandatario, puesto que la médula de la concentración era rendir un informe por el cuarto año de gobierno cuatroteísta. Los sitios finales de cada marcha, son de plano distintos en tamaño, siendo mucho mayor el del zócalo.

Después de cada marcha, los defensores del INE, hicieron mil y una declaración, todas muy exaltadas, alabando su móvil, así como defenestrando al gobierno y su cabeza, de la cual lo menos que le dijeron fue “pata rajada”. Menos virulentos, pero sin dejar de loar sus banderas, los seguidores de AMLO, no le regatearon encomios, en tanto éste expresó que lo sucedido era «un festejo» de la «transformación de México”, la cual no la podrán detener.

Sobre cada marcha, dice Jorge Zepeda Patterson: la del 13, “dejó en claro que existe una inconformidad entre muchos ciudadanos respecto al gobierno de la llamada Cuarta Transformación” y luego opina sobre la de corte oficialista: “incluso rasurada de la espuma de acarreados, es una expresión de algo más profundo que la oposición se niega a asumir, y me parece que es parte de su problema. Los niveles de aprobación que consistentemente superan 60 por ciento a lo largo ya de cuatro años, el voto que ha favorecido a Morena en 20 de las últimas 22 elecciones estatales o la movilización de masas que genera la 4T son tres síntomas del mismo fenómeno: se ha tejido una relación identitaria entre los grupos mayoritarios y el movimiento político que encabeza López Obrador.” (Milenio, 29-11-22, pensándolo-bien/el-tamaño-importa).

Ya sabemos que la inmensa mayoría de periódicos impresos y de noticieros de radio y televisión, son acervos críticos de la administración morenista. Sin embargo, se dice en Reporte índigo del lunes 28 de noviembre: “La Marea Guinda…El Presidente caminó cobijado por decenas de miles de personas…para conmemorar cuatro años de su gobierno, presumir el respaldo multitudinario…y mostrar que sus ‘corcholatas’ no están divididas”. El Publimetro de igual fecha cabecea: “Multitudinario respaldo a AMLO”. Y rematamos con El Informador y Milenio, donde aquél afirma que el presidente rechaza la reelección (ante gritos de marchistas que le pedían repetir mandato) y el segundo diario, difunde: “Mi modelo es el humanismo mexicano” y apunta que el informe dio cuenta de 110 acciones realizadas en el cuatrienio.

Un medio de comunicación influyente, lo es Televisa. En el programa de Leo Zuckerman, (La hora de opinar) una invitada (Blanca Heredia, Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Columbia y Licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México) asevera: Fue un ejercicio que…me pareció… cuando se convocó por el Presidente, como respuesta a la marcha del 13 (de la clase media o fifi)…Pero el 64% de aprobación al mandatario, con algunos logros y faltantes sobre todo en seguridad, me llama la atención; el apego de miles y miles de personas a López Obrador, el ambiente festivo en general que imperó en la marcha, simboliza el afán de la gente que antes no tuvo representante en el poder. Había personas alegres, con signo positivo, que da color a ese 64% de aprobación al Presidente. “La marcha le dio cara humana”. Por cierto, Zuckerman, admitió que Amlo es un fenómeno en la política mexicana, aunque “a mi no me acaba de convencer esa especie de culto a la personalidad, lo cual no me gusta nada”.

Terció Sabino Bastidas, (abogado y analista político, así como director del Despacho de Consultoría Política Pensar Diferente Consultores) quien clarificó el tema de lo que significaron las dos marchas de noviembre: Fue un fresco de la política mexicana, de dónde está el poder en México, es una radiografía de como se presentará la elección de 2024. Fueron los dos actos, como símbolos de la nación: el México de más ingresos y el de menos; una marcha rosa, por no decirle fresa, que acaba desastrada ante la del 27.

Y calificó al mandatario como “fenómeno político que hay que entender” algo atípico en el medio nacional, por su popularidad y arrojo personal, aunque el pueblo lo protegió, concluyendo: “No tengo duda de quien tiene el poder y si se propone, lo conservará”. Finalmente, Karla Motte, (historiadora con maestría por la UNAM y politóloga) agregó: El carisma de Amlo es inédito en nuestra historia. Eso implica un proceso de popularidad…el personaje es querido por muchos desde hace bastante tiempo.

El obradorismo se manifiesta desde hace bastantes años, (recordemos la marcha enorme cuando el desafuero), lo cual revela que las personas se reúnen por la emotividad, (resuena a la “bola” de la Revolución), diferente a la del 13, cuyo móvil sobre el INE se mezcló con mentiras como su desaparición.

Por otra parte, los defensores de la marcha del 13, señalan y estigmatizan a la del 27, porque dicen se organizó desde el poder con derroche de recursos públicos, y hasta denuncias han presentado. Amlo, les contesta escuetamente: Aporten pruebas. Y comentó en la mañanera del lunes 28 de noviembre: “estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. Es una fórmula efectiva y no falla: si se atiende al pueblo, la gente responde.”

Así pues, no cabe duda de lo que significaron las dos marchas. Son el mosaico de nuestra Patria. Que cada quien saque sus conclusiones.

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